La cadena de noticias CNN presentó hoy una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cinco miembros de su equipo por retirarle la credencial permanente de la Casa Blanca a uno de sus periodistas que protagonizó un rifirrafe con el mandatario la semana pasada.
Lea también: Mueren intoxicados 2 uruguayos que trabajaban en buque panameño en Montevideo
La denuncia fue presentada este martes ante una corte del Distrito de Columbia y en ella, según informó la compañía, se acusa al Gobierno de haber violado la primera y la quinta enmienda de la Constitución, que defienden el derecho a la libertad de expresión y a no ser considerado culpable sin juicio previo, respectivamente.
Además del presidente, CNN ha incluido en su denuncia al jefe de Gabinete, John Kelly; a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders; al jefe adjunto de comunicación, Bill Shine; al director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, y a un agente del mismo, identificado inicialmente con el pseudónimo John Doe (anónimo o desconocido).
Libertad de expresión
La acción judicial responde a la decisión de la Casa Blanca de retirar la credencial permanente a Jim Acosta, el corresponsal jefe de CNN en la Casa Blanca, después de que el periodista se enfrentara al mandatario durante una tensa rueda de prensa celebrada la semana pasada.
Después de dicha comparecencia, en la que Trump llamó a Acosta maleducado y una persona terrible, un agente de los servicios secretos le reclamó al corresponsal su acreditación a la salida de la residencia presidencial, según se pudo ver un vídeo del momento compartido por el periodista en Twitter.
La Casa Blanca justificó su decisión alegando que el periodista le había puesto la mano encima a una asesora que intentó arrebatarle el micrófono a instancias del presidente.
Lea también: Siete muertos en Gaza y uno en Israel en 24 horas de bombardeos y cohetes
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca emitió un comunicado expresando su firme apoyo a la acción judicial de la cadena y denunciando que la decisión del Gobierno fue una reacción desproporcionada a los hechos del pasado miércoles.